En el año 2020, dada la situación de pandemia por covid-19, la mayoría de los sectores de producción y comercio se vieron paralizados. En el caso del sector vitivinícola a finales del 2020 se comenzaron a tomar ciertas “medidas de crisis” ante la caída del consumo y nuevas condiciones “extraordinarias” se vieron reflejadas en el Programa de Apoyo al Sector del Vino (PASVE) 2019-2023.
En principio, una de las primeras medidas notables abarca el límite presupuestario para las diferentes medidas, el mismo se hallaba en 2019-2020 con un valor de 210,3 M€ y a partir del 11 de junio de 2020 se acuñó la asignación de un presupuesto de 10 M€ para iniciar cosechas en verde. Esta y otras medidas entraron en vigor con el Real Decreto 557/2020 e incluye el almacenamiento privado y la destilación de crisis.
Además, una nueva PAC que se encuentra en negociación y que iniciará en 2023 revela que más que una medida aislada la intervención abarca todo un plan estratégico. Con esta nueva normativa el PASVE se verá en la obligación de amoldarse a los siguientes objetivos:
- Impulsar el sector que se mantiene resiliente.
- Mejorar las condiciones medioambientales y el clima.
- Proteger el medio rural
El PASVE, antes de sufrir cambios en su última convocatoria donde la modificación de la ficha financiera (anteriormente planteada en 202.147.000 euros anuales), debía ser justificada pero en la última convocatoria se añade una cláusula en la que permiten para ciertos casos (justificados) en relación con la pandemia la realización de modificaciones no autorizadas previamente siempre y cuando no afecten los objetivos generales, las operaciones y no superen el importe total aprobado para dicha operación.
Estas modificaciones han sido un apoyo significativo para volver a dar inicio a la actividad en el sector, en especial la excepción que establece el Reglamento 2021/374 para poder recibir ayuda dos años consecutivos y efectuar la cosecha en verde tanto en 2020 como en el presente 2021 fuera de esta restricción.
