El acuerdo UE-Mercosur, finalizado el 6 de diciembre de 2024, busca establecer un espacio económico común entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Este pacto promete beneficios como aranceles reducidos, procedimientos aduaneros más simples y acceso preferencial a materias primas necesarias para la industria europea. Además, el acuerdo protege productos europeos con indicaciones geográficas protegidas y asegura el cumplimiento de estrictas normativas sanitarias de la UE para las importaciones.
Aunque algunos sectores agrícolas expresan inquietudes sobre el impacto del acuerdo, las medidas incluidas limitan la competencia de importaciones de productos sensibles como carne de vacuno, carne de ave y arroz, mediante cuotas arancelarias y cláusulas de salvaguardia. Asimismo, se garantiza que ningún producto que incumpla las normativas sanitarias europeas podrá ingresar al mercado comunitario.
Agricultores en contra del acuerdo UE-Mercosur: preocupaciones por la competencia y el futuro del sector
El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur ha suscitado fuertes críticas por parte de los agricultores europeos, quienes temen que este pacto perjudique gravemente a su sector. Aunque el acuerdo incluye medidas de protección, como cuotas arancelarias y estrictos controles sanitarios, los productores agrícolas argumentan que estas no son suficientes para mitigar los efectos negativos.
Uno de los principales motivos de rechazo es la competencia desigual que, según los agricultores, podría surgir debido a las diferencias en los costos de producción. Los productores del Mercosur operan bajo regulaciones menos estrictas y con menores costes laborales, lo que les permite ofrecer precios significativamente más bajos que los europeos. Esto podría afectar especialmente a los sectores de carne de vacuno, ave y arroz, que ya enfrentan márgenes ajustados en Europa.
Además, existe preocupación sobre la capacidad de las medidas de salvaguardia para responder rápidamente en caso de una avalancha de importaciones que presione a la baja los precios. Los agricultores temen que estas importaciones saturen el mercado, debilitando a los pequeños productores y poniendo en peligro la sostenibilidad de las explotaciones familiares.
Otro punto de conflicto es la confianza en los controles sanitarios y medioambientales. Aunque el acuerdo garantiza que todos los productos importados cumplan con las normativas de la UE, algunos agricultores dudan de la efectividad de los mecanismos de supervisión, especialmente en lo que respecta a pesticidas, antibióticos y estándares laborales en los países exportadores.
Por último, los agricultores denuncian la falta de transparencia y diálogo en las negociaciones del acuerdo, alegando que no se tomaron suficientemente en cuenta las preocupaciones del sector agrícola europeo. Señalan que el acuerdo prioriza los intereses de las grandes industrias exportadoras, sacrificando la estabilidad del campo europeo en el proceso.
Mientras los gobiernos promueven los beneficios económicos del pacto, los agricultores exigen mayor apoyo y garantías para asegurar que su sector no quede rezagado en un mercado global cada vez más competitivo.
